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LA REFORMA ENVIADA A BRUSELAS MANTIENE EL AJUSTE DE LA PENSIÓN SEGÚN LA ESPERANZA DE VIDA Y LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE CÁLCULO Begoña P. Ramírez - infolibre.es - El factor de sostenibilidad se rediseñará añadiendo a la esperanza de vida “el equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista” - La ampliación del periodo de cómputo será “simultánea” a la elección de los mejores años de cotización y a la cobertura de lagunas en las carreras laborales - Sindicatos y patronal han rechazado por “alambicadas” las primeras fórmulas del ministerio para actualizar las pensiones según la inflación - Las propuestas de reforma laboral limitan a los repartidores la nueva regulación sobre plataformas digitales y prevén un fondo público para financiar los ERTE El Gobierno limó los documentos sobre la reforma laboral y de las pensiones que ha enviado a Bruselas con la intención de sellar fisuras con Unidas Podemos y dejar margen de negociación a sindicatos y patronal en el Diálogo Social. Así, el texto sobre los cambios que quieren aplicar en el mercado de trabajo es tan genérico que apenas reúne un listado de enunciados, sin precisar en la mayoría de los casos en qué dirección apuntan las modificaciones esbozadas. En el caso de las pensiones, el documento, concreta medidas con cifras y cálculos de todo tipo. Y, aunque rebaja algunas de las medidas anunciadas, mantiene las de mayor calado. Cierto que no incluye los 35 años como nuevo periodo de cálculo de la pensión, un aumento de 10 años sobre el umbral al que debería llegarse en 2022 en aplicación de la reforma de 2011. Pero el Ministerio de Seguridad Social no renuncia, en cualquier caso, a ampliarlo. Aunque “simultáneamente” se permitirá descartar los años que sumen peores cotizaciones debido a interrupciones de la carrera laboral. Es decir, la idea es que el trabajador pueda elegir los años que van a integrar la base reguladora con la que se calcula su futura pensión. También que se diseñe un nuevo procedimiento para integrar las lagunas de cotización, puesto que el actual es “inadecuado para las carreras más intermitentes, especialmente asociadas al empleo temporal”, reconoce el Gobierno. Esas carreras suelen corresponder a mujeres y, desde la penúltima crisis, a los trabajadores de más edad despedidos al final de su vida laboral. De hecho, estos últimos se verían beneficiados de una ampliación del periodo de cálculo. La desaparición de los 35 años en el documento final ha venido acompañada de polémica. El ministro de Seguridad Social, José María Escrivá, ha asegurado que ése era un “cálculo intermedio” y que su departamento “todavía no sabe qué va a hacer”. “Tenemos que hacer muchos cálculos y muchos estudios más a nivel de microdato y en eso estamos, ésa es la parte más difícil de precisar de todo lo que hay y esto es lo que está en el Pacto de Toledo, lo que hemos contado y lo que hemos mandado a Bruselas”. En efecto, en un documento previo, enviado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, se incluía la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión. Y se cifraba en un 6,3% el recorte medio de la pensión inicial que supondría esa extensión a 35 años. Ampliarlo de 15 a 22 años ya se tradujo en una reducción del 3,9%, que afectó al 52% de las nuevas pensiones correspondientes a 2019, explica el ministerio en el informe. Fuentes del departamento indican que el departamento está estudiando diferentes fórmulas para aumentar la contributividad del sistema –la correspondencia entre lo cotizado y la pensión– y “adaptarlo a las nuevas realidades” del mercado de trabajo. Pero la propuesta de extender el periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión va a encontrar en el Diálogo Social el rechazo frontal de los sindicatos. “Ahí no va a haber acuerdo”, recalcan fuentes de la negociación. El mismo rechazo que ha suscitado en Unidas Podemos. E incluso en el PP, según las mismas fuentes. Según recalca en el informe remitido a la Comisión Europea, el Ministerio de Seguridad Social pretende revertir la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que tacha de “fallida”. “No fue puesta en marcha de forma efectiva por falta de legitimación social y política de dos elementos: el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP)”, subraya el documento. Tal y como explica el ministerio, ambos mecanismos hacían recaer sobre los pensionistas y trabajadores “todo el impacto del aumento del gasto en pensiones”, lo que se traducía en “una pérdida secular de poder adquisitivo que se aleja de los modelos vigentes” en el resto de los países europeos. Indicadores adicionales a la esperanza de vida Pero eso tampoco significa que el factor de sostenibilidad vaya a desaparecer, al menos en la intención del ministerio. El diseñado en la reforma de 2013 se encuentra suspendido desde 2018. Debería haber empezado a aplicarse en 2019. Se trata de un coeficiente que reduce la cuantía de la pensión inicial dependiendo de la esperanza de vida de la generación del trabajador. Su existencia se preveía ya en la reforma de 2011, pero entonces se trataba de una revisión, cada 5 años, de todos “los parámetros fundamentales del sistema” adecuándolos a “las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027”, año en que debería haber desplegado todos sus efectos la ley. El factor de sostenibilidad creado en 2013 sólo se aplicaba sobre la pensión inicial. En el documento enviado a Bruselas se prevé la creación de un nuevo instrumento con el que se revisarán periódicamente los parámetros fundamentales del sistema en función de la esperanza de vida, pero también “en función de otros “indicadores complementarios”. En concreto, cita “el equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista”. En el informe previo en manos de la Comisión Delegada, se habla además de incorporar al diseño del nuevo factor de sostenibilidad –que el documento de Bruselas rebautiza como “mecanismo de equidad intergeneracional”– “otros parámetros del sistema en la esfera de los gastos y de los ingresos”. En cualquier caso, no empezaría a aplicarse hasta 2027. El objetivo de añadir esos indicadores complementarios es evitar que un coeficiente reductor automático –tal y como estaba diseñado en la reforma de 2013– “cargue exclusivamente sobre los pensionistas el coste del aumento de la esperanza de vida”, sin permitirles una planificación previa. Otras posibilidades serían vincular la esperanza de vida a la edad de jubilación. Las fuentes del ministerio consultadas por este periódico aseguran que aún no están definidos esos parámetros adicionales, que quedarán para una segunda fase de la reforma. Fórmulas con el IPC para subir las pensiones La primera fase sí está en marcha. Ya se han remitido a los sindicatos y la patronal un puñado de fórmulas para actualizar las pensiones según la inflación, explican las fuentes de Seguridad Social. En el informe remitido a Bruselas no se explica cómo puede ser ese nuevo mecanismo, pero en el anterior facilitado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos sí se precisa un poco más: la nueva fórmula tomará como referencia varios años de IPC, lo que evitará “fluctuaciones derivadas de cifras anuales o mensuales de inflación”. Las fuentes de la negociación consultadas explican que las primeras opciones no fueron aceptadas por los agentes sociales porque eran demasiado “alambicadas”. “Además de mantener el poder adquisitivo, la fórmula debe ser sencilla y comprensible, y las que propuso el ministerio no lo eran”, advierten. Hasta que entró en vigor la reforma de 2013, se utilizaba el IPC del mes de noviembre para compensar la desviación sobre el IPC previsto a comienzos de cada año. Con la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), las pensiones se actualizaban de acuerdo con una fórmula que las ligaba a los ingresos y gastos de la Seguridad Social: si tenía déficit, como ocurrió en todos los años en que estuvo en vigor, sólo mejoraban un 0,25% –lo que el ministerio llama “semicongelación” en su documento a Bruselas–; si tenía superávit, el alza equivalía al IPC más un 0,5%. El IRP, resalta el ministerio de José María Escrivá, podía traducirse en una pérdida acumulada de poder adquisitivo de hasta el 37% para los pensionistas a lo largo de su vida. “Ello explica que ningún país europeo haya adoptado un modelo similar y que ningún partido político defienda actualmente su aplicación”, remata. En el documento previo enviado a la Comisión Delegada, el ministerio también alude a los mecanismos de actualización de las pensiones de otros países europeos, que los vinculan a los salarios o los precios. En la penúltima ronda de negociaciones del Pacto de Toledo, que terminó sin acuerdo en febrero de 2019, se discutieron fórmulas para subir las pensiones que “modularan” el alza del IPC incorporando el PIB o los salarios. PP y Ciudadanos defendían ese diseño, que contó con el rechazo en bloque de los partidos de izquierda. Las fuentes de Seguridad Social niegan que se esté estudiando introducir ningún componente de este tipo. “La parte central de las nuevas fórmulas es el IPC”, resumen. En cualquier caso, la negociación que tienen por delante el Gobierno, los sindicatos y la patronal no se antoja sencilla. El primer escalón será la cláusula de salvaguarda de las pensiones, que permite a los trabajadores despedidos antes del 1-4-2013 jubilarse con las condiciones establecidas antes de la reforma de 2011 si éstas les resultan más ventajosas. Se acaba de prorrogar un año, pero los sindicatos reclaman una solución definitiva. También tendrán que resolver la adaptación del complemento de maternidad tras la sentencia del Tribunal de la UE que lo consideró discriminatorio para los hombres. Hasta aquí, lo más fácil. La negociación será más cruda cuando se discutan los mecanismos para actualizar las pensiones según el IPC, así como los cambios en la jubilación anticipada, que el Gobierno quiere desincentivar, y en la demorada más allá de la edad legal de retiro, que el Ejecutivo pretende impulsar. 2.400 millones para reformas hasta 2023 En el informe sobre el mercado de trabajo enviado a Bruselas, el departamento de Yolanda Díaz recopila un total de 17 reformas que supondrán una inversión pública de 2.400 millones de euros hasta 2023. El objetivo es redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, destaca el ministerio, que incluye alguna nueva regulación ya aprobada, como la del teletrabajo. El resto de las medidas están apenas esbozadas. Desde la “generalización del contrato indefinido” hasta la modernización de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación de trabajadores y parados– y la negociación colectiva. Tan difuso es el documento que, por ejemplo, sólo menciona como una de las medidas la “relación entre convenios sectoriales y de empresa”, sin atreverse a aventurar si se recuperará la prioridad de los primeros sobre los segundos, eliminada en la reforma laboral de 2012. Ése es el objetivo de CCOO y UGT, pero no de la CEOE. En cambio, sí precisa que se abordará la regulación de las condiciones laborales de los repartidores a domicilio. Pero sólo las suyas, no las de los trabajadores de todas las plataformas digitales como reclaman los sindicatos. Ése es uno de los puntos que impide avanzar a la mesa del Diálogo Social donde se negocia desde hace meses la nueva ley. También se incluyen los cambios en la subcontratación, otro asunto en el que discrepan sindicatos y patronal. Y para los ERTE, sobre los que se diseñará un “modelo permanente”, se piensa en crear un fondo público para financiar las prestaciones que reciben los trabajadores y las cotizaciones a la Seguridad Social que dejan de pagar las empresas. Además, en próximas fechas Trabajo presentará la reforma del Sistema de Garantía Juvenil, uno de los programas estrella de la ministra Fátima Báñez, cuyos resultados no fueron sin embargo muy espectaculares. La tasa de paro juvenil en España alcanza el 41,5%, la más alta de la UE. Medidas más concretas son las que plantean limitar las subvenciones a los contratos indefinidos y usar la inteligencia artificial y el Big Data para mejorar la gestión y las tareas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan como principal valor del texto enviado a Bruselas el hecho de que comprenda “todo el programa de gobierno” acordado por el PSOE y Unidas Podemos.
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