LO QUE LOS RECORTES HICIERON CON LA LEY DE DEPENDENCIA elsalmoncontracorriente.es Alrededor de 1.200.000 personas se encuentran en situación de dependencia en España. Esto significa que un 2,5% de la población no puede realizar sus necesidades más básicas sin recibir apoyo. El Sistema de Atención de la Dependencia atiende en la actualidad a una media de 750.000 personas, una asistencia que permanece congelada desde el año 2012 y que genera una lista de espera inasumible si se atiende a las cifras arrojadas por el Observatorio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales: desde 2012, unas 100.000 personas han fallecido esperando la ayuda a la dependencia que la Ley les reconocía. En el año 2007 entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, la conocida como Ley de Dependencia. Después de 8 años en vigor y tras haber sido pospuesto en dos ocasiones, el día 1 de julio se determinó que todas las personas en situación de dependencia, con independencia de su grado, tendrán derecho a recibir servicios o a percibir una prestación económica por cuidados familiares. Se reconocía así a todos los dependientes considerados "moderados" el derecho a asistencia por parte del Estado. Esta ampliación precisa de una inversión superior a los 3.100 millones de euros; para la que el Estado no aportará más de 370 millones, un 12% del total necesario. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que: “Esto nos lleva a un sistema de atenciones low cost que poco más que una teleasistencia podrá ofertar” La medida, aprobada por el Gobierno de Rajoy en año electoral, ha supuesto la incorporación a la lista de espera del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) de un total de 314.570 personas. Se suman, de esta forma, a las 130.694 dependientes que el pasado 30 de junio ya aguardaban la atención. Para dar cobertura a este sector de la población, el Estado aportará a cada Comunidad Autónoma 44,33 euros al mes por dependiente. Alrededor de 532 euros al año por persona atendida. Según el compromiso adquirido, a la Comunidad Autónoma le corresponde financiar el 50% de la prestación. Esto significa que, si los gobiernos regionales deciden no aumentar la prestación, estas personas serán “atendidas” -es un decir- con poco más de 1.000 euros al año. |