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REAL DECRETO 746/2016, DE 30-12


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REAL DECRETO 746/2016, DE 30-12, SOBRE REVALORIZACIÓN Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS Y SOBRE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 2017 (BOE 31-12-2016) (Corr. Err. 16-2-2017)

INTRODUCCIÓN

La Constitución Española reconoce como principio presupuestario general el principio de anualidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así, tal y como recuerda la jurisprudencia constitucional, de la dicción contenida en el artículo 134 de la misma extraemos los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria: anualidad, unidad e integridad (Sentencia del TC 16-1-2003, y las que en ella se citan).

De todos ellos, interesa destacar el principio de anualidad; dicho principio supone que, por expresa disposición constitucional, los Presupuestos Generales del Estado tienen su vigencia limitada al ejercicio económico para el que son aprobados, sin que quepa extenderlos a un periodo superior, salvo el caso previsto en el apartado cuarto.

Ese principio general de anualidad encuentra una excepción prevista en la Constitución Española, que prevé una situación de hecho, que aunque excepcional, es realmente posible, consistente en que llegado el 1 de enero no se haya aprobado la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. En este caso, opera, aunque no se haya dictado una norma con rango de Ley, por mandato constitucional la prórroga automática prevista en el artículo 134.4 de la Constitución Española, por cuanto:

Artículo 134 de la Constitución Española

«4.- Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».

Llegado este caso, al considerar automáticamente prorrogados los «presupuestos del ejercicio anterior», que no la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tal prórroga presupuestaria automática contenida en el artículo 134.4 de la Constitución Española alcanza a los créditos para gastos cuya realización es indispensable para el normal funcionamiento de Estado y la ordinaria atención de las necesidades colectivas.

Así, en un escenario de prórroga presupuestaria, la revalorización anual de las pensiones sólo podrá ser objeto de una norma reglamentaria cuando dicha revalorización tenga cobertura, en virtud de la prórroga, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año precedente, como acontece en el presente caso.

Pues bien, por la misma razón por la que, en el marco del principio de legalidad presupuestaria –principio que condiciona el nacimiento de las obligaciones en esta materia a lo previsto en la Ley de Pre-supuestos Generales del Estado de cada ejercicio–, el legislador presupuestario está obligado a proceder a un incremento anual de las pensiones de al menos un 0,25 por ciento establecido en su normativa reguladora vigente, en concreto en los artículos 58 y 27 de los textos refundidos de la Ley General de la Seguridad Social y de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y que es –según la jurisprudencia constitucional– una razón de seguridad jurídica ajena a cualquier consideración sobre un supuesto derecho subjetivo de los pensionistas, debe entenderse, que la prórroga presupuestaria ex artículo 134.4 de la Constitución alcanza a dicha revalorización por cuanto la Ley 48/2015, de 29-10, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, fijó una revalorización del 0,25 por ciento.

Por ello, el Gobierno de la Nación está habilitado, bajo la cobertura legal que confiere la mencionada prórroga, para aprobar una norma con rango de real decreto en la que se proceda a la revalorización, en ese mismo porcentaje, de todas aquellas pensiones que tengan legalmente fijado ese incremento anual mínimo.

El real decreto se estructura en un artículo único sobre determinación y revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas, que entre otros aspectos establece con carácter general un incremento del 0,25 por ciento en las mismas, las pensiones que serán revalorizadas a fecha 1-1-2017 y aquellas que no sufrirán incremento alguno, así como 3 disposiciones finales relativas al título competencial, habilitación normativa y entrada en vigor respectivamente.

Asimismo, se incorporan al texto dos anexos:

- el primero de ellos referido a las cuantías de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2017

- el segundo a los haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y cuantías aplicables a las pensiones especiales de guerra.

Cabe señalar que en este real decreto se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 2-10, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, el incremento con carácter general del 0,25 por ciento de las pensiones y otras prestaciones públicas, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los interesados.

Ley 39/2015, de 2-10, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Artículo 129. Principios de buena regulación.

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.

Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta.

Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante.

Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija.

5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9-12, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas.

6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30-12- 2016,

DISPONGO:

Artículo único. Normas sobre determinación y revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas.

1. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2017 un incremento del 0,25 por ciento, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 40.1 de la Ley 48/2015, de 29-10, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, y los artículos 58 y 27 de los textos refundidos de las Leyes General de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado, respectivamente, sin perjuicio de las excepciones y especialidades contenidas en los apartados siguientes de este artículo y respetando los importes de garantía de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de guerra que figuran en el siguiente apartado 3.

Idéntico porcentaje de incremento experimentarán las cuantías de los límites de percepción de pensiones públicas, así como los importes de los haberes reguladores aplicables para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones especiales de guerra.

2. Asimismo, se incrementarán en un 0,25 por ciento los importes de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, de las pensiones no contributivas, de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más años y con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Igualmente, se incrementarán en un 0,25 por ciento los importes de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes y las que concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o cuando concurran con alguna de estas últimas y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, sin perjuicio de la aplicación, a la suma de los importes de todas ellas, del límite establecido en la disposición transitoria 2ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo que los interesados tuvieran reconocidos importes superiores con anterioridad al 1-9-2005, en cuyo caso se aplicarán las normas generales sobre revalorización, siempre que, por efecto de estas normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga siendo superior al mencionado límite.

3. Las pensiones en favor de familiares concedidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18-9-, en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil, y de la Ley 35/1980, de 26-6, de mutilados de guerra excombatientes de la zona republicana, con excepción de las pensiones causadas por el personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados, así como de la Ley 6/1982, de 29-3, sobre retribución básica a mutilados civiles de guerra, y las pensiones de viudedad del Título II de la Ley 37/1984, de 22-10, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, cualquiera que sea su fecha inicial de abono, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, las pensiones en favor de causantes reconocidas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22-10, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, cualquiera que sea su fecha inicial de abono.

4. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28-12, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, no indicadas en los párrafos anteriores, experimentarán en el año 2017 el incremento que en su caso proceda, según su normativa reguladora, sobre las cuantías percibidas a 31-12-2016.

5. Quedan exceptuadas del incremento establecido en los apartados anteriores de este artículo las pensiones, prestaciones e importes siguientes:

a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28-12, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda del límite mensual de percepción de las pensiones públicas establecido en el Anexo I de este real decreto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de la Seguridad Social originadas por actos terroristas, ni a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23-6, ni a las pensiones reconocidas en virtud de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30-12, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

b) Las pensiones reguladas en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10-7, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes que correspondan conforme a su legislación propia.

c) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas con anterioridad a 1-1-1985, con excepción de aquéllas cuyo titular sólo percibiera esta pensión como tal Caminero.

d) Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez cuando entren en concurrencia con otras pensiones públicas, excepto cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o cuando concurran con alguna de estas últimas y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad. A estos efectos, no se considerarán pensiones concurrentes la prestación económica reconocida al amparo de la Ley 3/2005, de 18-3, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29-11, ni las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma en cómputo anual de todas las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas, y las del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, sea inferior a la cuantía fijada en 2017 para la pensión de tal Seguro no concurrente, calculadas unas y otras en cómputo anual, la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante entre ambas cantidades. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico.

e) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31-12-2016, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31-12-1973.

f) Las pensiones de las Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social referidas en el artículo 41.Dos de la Ley 48/2015, de 29-10, de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

g) Las cuantías de los límites de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos y de las prestaciones familiares de la Seguridad Social.

h) Los importes mensuales de las ayudas sociales reconocidas en favor de las personas contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.), establecidas en los párrafos b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28-5; así como del subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte establecido en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aplicado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29-10.

i) La cuantía de las prestaciones económicas de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de las reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18-3, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil.

6. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 6ª, punto Uno, del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23-6, las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, cuando hubieran sido causadas con posterioridad a 31-12-2011, experimentarán el 1-1-2017 una reducción, respecto de los importes percibidos en 31-12-2016, del 20 por 100 de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31-12-1978, o tratándose del Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical, a 31-12-1977, y la que correspondería en 31-12-1973.

7. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las cuantías de las pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2017 serán las que figuran en los Anexos I y II de este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública y a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 1-1-2017.

ANEXO I.- CUANTÍAS DE PENSIONES Y PRESTACIONES PÚBLICAS APLICABLES EN 2017

I. Complementos por mínimos

1. Cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva del Sistema de la Seguridad Social para el año 2017:

Clase de pensión

Titulares

Con cónyuge a cargo (€/año)

Sin cónyuge:

unidad económica unipersonal (€/año)

Con cónyuge no a cargo (€/año)

Jubilación

Titular con 65 años

11.016,60

8.927,80

8.471,40

Titular menor de 65 años

10.326,40

8.351,00

7.893,20

Titular con 65 años procedente de gran invalidez

16.525,60

13.392,40

12.707,80

Incapacidad Permanente

Gran invalidez

16.525,60

13.392,40

12.707,80

Absoluta

11.016,60

8.927,80

8.471,40

Total: Titular con 65 años

11.016,60

8.927,80

8.471,40

Total: Titular con edad entre 60 y 64 años

10.326,40

8.351,00

7.893,20

Total: Derivada de enfermedad común menor de 60 años

5.552,40

5.552,40

5.448,94

Parcial del régimen de accidentes de trabajo:

Titular con 65 años

11.016,60

8.927,80

8.471,40

Viudedad

Titular con cargas familiares

10.326,40

Titular con 65 años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100

8.927,80

Titular con edad entre 60 y 64 años

8.351,00

Titular con menos de 60 años

6.760,60

Clase de pensión

 

Orfandad

Por beneficiario

2.727,20

Por beneficiario con discapacidad menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100

5.367,60

En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.760,60 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.

En favor de familiares

Por beneficiario

2.727,20

Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:

Un solo beneficiario con sesenta y cinco años

6.592,60

Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años

6.211,80

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.033,40 euros/año entre el número de beneficiarios.

Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos:

– En 2017:

• Sin cónyuge a cargo: 7.116,18 €/año.

• Con cónyuge a cargo: 8.301,10 €/año.

2. Cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2017:

A

Pensión mínima mensual (€/año)

B

Ingresos anuales máximos (€)

Pensión de jubilación o retiro cuando existe cónyuge a cargo del titular.

786,90

18.132,78

Pensión de jubilación o retiro sin cónyuge: Unidad económica unipersonal.

637,70

16.043,98

Pensión de jubilación o retiro con cónyuge no a cargo.

605,10

15.587,58

Pensión de viudedad.

637,70

16.043,98

Pensión o pensiones en favor de otros familiares, siendo «n» el nº de beneficiarios de la pensión o pensiones.

621,60

n

7.116,18 + 8.702,40

n

En el supuesto de pensión o pensiones en favor de otros familiares que fueran percibidas por varios beneficiarios, la cifra resultante de la columna A del cuadro anterior no será inferior a 194,80 € mensuales, respecto de cada uno de aquellos beneficiarios cuyos ingresos anuales no superen a los que figuran en la columna B.

No obstante, cuando alguno de los beneficiarios sea huérfano discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, la cuantía mínima a reconocer a dicho huérfano será de 383,40 € mensuales, siempre que cumpla el requisito de límite de ingresos citado.

Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para mínimos: En 2017: 7.116,18 €/año.

II. Cuantías de otras pensiones y prestaciones públicas

1. Límite máximo de percepción de pensión pública: 2.573,70 €/mes o 36.031,80 €/año.

2. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI):

- Pensiones del SOVI no concurrentes: 5.713,40 €/año.

- Pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad: 5.546,80 €/año.

3. Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.164,60 €/año.

– Complemento de pensión para el alquiler de vivienda: 525 € anuales.

4. Prestaciones familiares de la Seguridad Social:

- Asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad: 291,00 €/año.

- Asignación económica por hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento: 1.000,00 €/año.

- Asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad:

• Con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento: 4.426,80 €/año.

• Con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y necesitado del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida: 6.640,80 €/año.

- Prestación por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad establecida en el artículo 357 y cuya cuantía se recoge en el artículo 358 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: 1.000,00 €.

- Límite de ingresos para el reconocimiento de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo:

• Cuantía a la que se refiere el párrafo primero del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (hijos o menor a cargo sin discapacidad): 11.576,83 €/año.

• Cuantía a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (familia numerosa): 17.423,84 €/año, incrementándose en 2.822,18 € por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.

5. Subsidios económicos del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29-11:

- Subsidio de garantía de ingresos mínimos: 149,86 €/mes.

- Subsidio por ayuda de tercera persona: 58,45 €/mes.

- Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte: 63,30 €/mes.

6. Pensiones asistenciales de la Ley 45/1960, de 21-7, y Real Decreto 2620/1981, de 24-7: 149,86 €/mes.

7. Cuantía de las ayudas sociales reconocidas a los afectados por el VIH al amparo del Real Decreto-Ley 9/1993, de 28-5: 611,70 €/mes.

8. Cuantía de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18-3: 7.183,29 €/año.

ANEXO II.- HABERES REGULADORES DE LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS Y CUANTÍAS APLICABLES A LAS PENSIONES ESPECIALES DE GUERRA

I. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

1. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1-1-1985:

Grupo/Subgrupo EBEP

Haber regulador

(€/año)

A1

40.460,17

A2

31.843,17

B

27.883,86

C1

24.456,10

C2

19.348,83

E (Ley 30/84) y Agrupaciones profesionales (EBEP).

16.496,42

b) Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1-1-1985:

ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO

Índice de proporcionalidad

Haber regulador

(€/año)

10

40.460,17

8

31.843,17

6

24.456,10

4

19.348,83

3

16.496,42

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Índice multiplicador

Haber regulador

(€/año)

4,75

40.460,17

4,50

40.460,17

4,00

40.460,17

3,50

40.460,17

3,25

40.460,17

3,00

40.460,17

2,50

40.460,17

2,25

31.843,17

2,00

27.883,86

1,50

19.348,83

1,25

16.496,42

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo

Haber regulador

(€/año)

Secretario General

40.460,17

De Letrados

40.460,17

Gerente

40.460,17

CORTES GENERALES

Cuerpo

Haber regulador

(€/año)

De Letrados

40.460,17

De Archiveros-Bibliotecarios

40.460,17

De Asesores Facultativos

40.460,17

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas

40.460,17

Técnico-Administrativo

40.460,17

Administrativo

24.456,10

De Ujieres

19.348,83

2. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título II del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO

Índice de proporcionalidad

Grado

Grado especial

Importe por concepto

de sueldo y grado en

cómputo anual (€)

10 (5,5)

8

27.123,49

10 (5,5)

7

26.378,04

10 (5,5)

6

25.632,63

10 (5,5)

3

23.396,30

10

5

23.015,68

10

4

22.270,28

10

3

21.524,86

10

2

20.779,37

10

1

20.033,94

8

6

19.354,39

8

5

18.758,17

8

4

18.161,91

8

3

17.565,65

8

2

16.969,42

8

1

16.373,15

6

5

14.744,50

6

4

14.297,45

6

3

13.850,46

6

2

13.403,37

6

1

(12 por 100)

14.457,44

6

1

12.956,31

4

3

10.910,21

4

2

(24 por 100)

13.018,58

4

2

10.612,11

4

1

(12 por 100)

11.518,31

4

1

10.313,98

3

3

9.420,22

3

2

9.196,66

3

1

8.973,15

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Índice multiplicador

Importe por concepto

de sueldo en cómputo anual (€)

4,75

44.293,43

4,50

41.962,18

4,00

37.299,70

3,50

32.637,24

3,25

30.306,03

3,00

27.974,78

2,50

23.312,32

2,25

20.981,08

2,00

18.649,87

1,50

13.987,39

1,25

11.656,17

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo

Importe por concepto de sueldo en

cómputo anual (€)

Secretario General

41.962,18

De Letrados

37.299,70

Gerente

37.299,70

CORTES GENERALES

Cuerpo

Importe por concepto de sueldo en cómputo anual (€)

De Letrados

24.410,37

De Archiveros-Bibliotecarios

24.410,37

De Asesores Facultativos

24.410,37

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas

22.416,37

Técnico-Administrativo

22.416,37

Administrativo

13.499,94

De Ujieres

10.678,60

Trienios

ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO

Índice de proporcionalidad

Valor unitario del trienio en cómputo anual (€)

10

876,22

8

700,99

6

525,70

4

350,51

3

262,87

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Índice multiplicador

Valor unitario del trienio en cómputo anual (€)

3,50

1.631,85

3,25

1.515,31

3,00

1.398,74

2,50

1.165,60

2,25

1.050,49

2,00

932,51

1,50

699,37

1,25

582,82

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo

Valor unitario del trienio en cómputo anual

(€/año)

Secretario General

1.631,85

De Letrados

1.631,85

Gerente

1.631,85

CORTES GENERALES

Cuerpo

Valor unitario del trienio en cómputo anual (€)

De Letrados

998,09

De Archiveros-Bibliotecarios

998,09

De Asesores Facultativos

998,09

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas

998,09

Técnico-Administrativo

998,09

Administrativo

598,87

De Ujieres

399,22

II. Cuantías aplicables para la determinación inicial de las pensiones especiales de guerra

Clase

Importe referido a 12 mensualidades

Pensión de mutilación reconocida al amparo de la Ley 35/1980

4.999,62 €

Suma de remuneraciones básica, sustitutoria de trienios y suplementaria en compensación de retribuciones no percibidas de la Ley 35/1980

13.483,85 €

Retribución básica reconocida al amparo de la Ley 6/1982

9.438,69 €

Pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976

5.990,17 €

La cuantía de las pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18-9 y 35/1980, de 26-6, será de 1.838,08 € anuales, referido a doce mensualidades.