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EL PENOSO OTOÑO QUE NOS LLEGA TRAS EL ESCUDO SOCIAL aquimicasa.net La crisis económica causada por el Covid-19 se mantiene confinada por el verano, la playa, la cerveza y los ERTES hasta el 30 de septiembre, pero cuando llegue, lo hará con extrema crudeza. Y uno de los puntos importantes son los suministros del hogar. Miles de familias están acumulando una deuda millonaria con las compañías eléctricas o las del agua y el gas, como consecuencia del parón de la actividad económica por la pandemia de coronavirus: el escudo social y su reciente prórroga vetan los cortes de estos suministros esenciales en las viviendas principales por impago hasta septiembre, pero sin que esos débitos queden saldados. La pregunta de qué pasará luego, cuando el verano de paso al otoño y luego al invierno, se mantiene de momento sin respuesta. El decreto que prorroga el escudo social, publicado el 8 de julio en el BOE, establece que «hasta el 30 de septiembre de 2020, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual» y que, como ocurrió durante el estado de alarma, ese tiempo «no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago». De esta forma se está impidiendo que hasta esa fecha ninguna familia pueda ser excluida de esos suministros básicos para la supervivencia. Pero las deudas no se condonan y están aumentando sin cesar desde mediados de marzo. Podrán ser seis meses de impago que convertirán las cifras adeudadas de esos suministros en inasumibles para muchas familias españolas. Y de momento no existe una respuesta para el día después, cuando el suministro pueda cortarse por impago. Serán las operadoras de estos servicios las que deban gestionar los cobros y facilitar plazos a las familias afectadas si lo tienen a bien. Porque nadie les va a obligar a hacerlo. En una situación normal los cortes del suministro eléctrico alcanzan la cifra de unos 13.000 afectados por mes, es decir, poco más de 156.000 al año. Pero no hay estimaciones fiables de lo que puede suceder a partir del momento en que toque volver a pagar de nuevo y se mantenga la fuerte caída de las rentas más débiles afectadas por la crisis del Covid-19. Sí que sabemos el impacto que está teniendo hasta ahora en la contabilidad de las compañías eléctricas. Aseguran que su negocio está sufriendo unas mermas superiores a los 40 millones de euros mensuales; es decir, unos 125 desde la declaración del estado de alarma con la previsión de doblarse hasta el otoño debido a los impagos. Según los datos facilitados por Endesa, a finales de junio 121.098 empresas y autónomos se habían acogido a la reducción de potencia y otros 31.627 habían pactado la suspensión temporal de sus contratos de suministro a la espera de reanudar su actividad, lo que ha dejado fuera de servicio temporalmente 17.382 y 693 kilowatios de potencia con un coste, respectivamente, de 23,7 y de 1,85 millones de euros. Junto con esas más de 150.000 reducciones de la actividad, otros 31.394 usuarios, entre los que se incluyen hogares, se habían acogido a la suspensión de las facturas por no poder pagarlas ahora, lo que suma aplazamientos por valor de casi 16 millones de euros. Andalucía, Galicia, Canarias, Balears, Catalunya y Madrid se encuentran entre las comunidades en las que mayor número de usuarios se han acogido a este tipo de medidas que facilitan las compañías para adecuar el recibo a los ingresos de la nueva realidad o para negociar el pago de las deudas que van acumulando por el parón de la actividad económica. |
