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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE OXFAM INTERMON


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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE OXFAM INTERMON

¿REALIDAD O FICCIÓN?. LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA, EN MANOS DE UNA MINORÍA

La fortaleza de la recuperación económica no está llegando a todos por igual. En una sociedad que no está corrigiendo sus desigualdades, la participación de las capas más ricas de la sociedad se hace a expensas de una menor participación de las personas más desfavorecidas. Pese a los datos de crecimiento económico, España sigue siendo hoy una sociedad más desigual que antes de la crisis, donde la pobreza no sólo no decrece, sino que se mantiene pese a la bonanza económica.

La principal razón para ello es el desigual reparto de los frutos del crecimiento económico, que van a parar a cada vez menos manos, en detrimento de la gran mayoría de la población y, muy particularmente, de las personas más desfavorecidas. España debe comprometerse con un plan de reducción de las desigualdades para que la riqueza acumulada por el 10% más rico de la población no supere la riqueza colectiva del 40% más pobre.

El canal fundamental para la apropiación del crecimiento económico, por parte de los sectores más ricos de la población, es la desigual distribución de la producción. Mientras que las rentas del trabajo han visto reducir su participación en la renta nacional disponible, los beneficios distribuidos por parte de las empresas no han deja- do de crecer. El desigual reparto del poder económico y el alto desempleo han precarizado el mercado de trabajo, presionando a la baja los salarios de las personas trabajadoras y deteriorando sus condiciones laborales.

El resultado de esta captura por parte del capital y de los altos salarios de las empresas es el incremento de la vulnerabilidad y la precariedad laboral. Esta desigualdad empeora porque son las personas asalariadas las que mantienen el sistema fiscal español y con ello, las políticas públicas. Son ellas las que contribuyen de manera desproporcionada frente a los dueños del capital y las empresas.

El resultado de este proceso es una consolidación de la desigualdad y de la primacía del capital y los altos asalariados frente a la gran mayoría de la población. Es un proceso que no sólo amenaza nuestra cohesión social, sino que siembra las bases para una recuperación frágil y socialmente injusta.

España debe comprometerse con un plan de reducción de las desigualdades, que incluya el objetivo, concreto, medible y delimitado en el tiempo, de que la riqueza acumulada por el 10% de los más ricos no supere a la riqueza colectiva del 40% más pobre de la población. Para ello necesita establecer un marcador de desigualdad.

Para lograr ese objetivo, se deberían tomar las siguientes medidas:

Garantizar trabajo y salarios dignos:

1. Incrementar el SMI para situarlo en 1.000 euros mensuales en 2020, de forma que se alcance la recomendación del Consejo de Europa, de que el SMI suponga entorno al 60% del salario medio.

2. Establecer escalas salariales justas por normativa estatal, que regulen las diferencias máximas dentro de las empresas cotizadas o las consideradas de interés público. De cara a garantizar mayor equidad retributiva, recomendamos establecer una escala aproximada de 1:20, donde la parte fija del salario más alto no supere en más de 20 veces al salario más bajo. Dicha medida redundaría en un progresivo cierre de la brecha salarial de género, en tanto que las mujeres suponen un 64% del total de asalariados del 30% menor retribuido.

3. La ratio entre el salario del empleado mejor pagado, la media salarial y el peor remunerado de las empresas cotizadas y de las consideradas de interés público, debe ser público y calculado de forma estandarizada. La transposición de la directiva 95/2014/UE debe incluir la necesidad de que las empresas informen sobre la ratio salarial, y debe ser aplicable a una definición ampliada de empresas de “interés público”; tanto esta transposición como la de la directiva 2017/828/UE deben añadir a la transparencia en la ratio CEO-salario medio, la ratio CEO salario más bajo y mediano.

4. Evitar que la subcontratación sea usada como un mecanismo para reducir costes salariales. Para ello hay que modificar el Estatuto de los Trabajadores para:

• Igualar el salario de los subcontratados a los contratados por la empresa que desempeñen laborales similares (art 42).

• Facilitar la identificación y lucha contra la cesión ilegal de trabajadores y falsos autónomos, reforzando la necesidad de que la subcontrata debe tener autonomía técnica demostrada (art 43).

• Evitar que la decisión de externalizar un servicio justifique el despido procedente de los trabajadores de la empresa originaria (art 15).

• Prohibir explícitamente que una empresa subcontratada subcontrate a su vez par- te del servicio contratada a una tercera (art 42).

5. Reforzar la negociación colectiva. Para lo que habría que, entre otras cosas, eliminar el artículo 84.2 del E.T. para que los convenios sectoriales primen sobre los convenios de empresa. Animar a que, en el marco de la negociación colectiva, se recuperen las cláusulas de revisión salarial.

6. Regular las empresas multiservicio aplicándoles la Directiva 2008/104 de ETT, cuando el servicio que ofrecen a la empresa originaria sea equivalente al que podría dar una empresa de trabajo temporal, en coherencia con la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia Europeo (STJUE 17 de noviembre 2016 (C-216/15)).

7. Promover una contratación pública que no incremente la precariedad, ni la desigualdad salarial, ni entre salarios más altos y bajos, ni entre hombres y mujeres. Para ello, se ha de priorizar la contratación con empresas que retribuyan a sus trabajadores según los convenios sectoriales y que hagan público su ratio de dispersión salarial CEO-salario más bajo; primando aquellas en las que éste no supere el 1:20.

8. Eliminar la brecha salarial de género, promoviendo la transparencia retributiva en las empresas, así como el refuerzo y cumplimiento de la igual remuneración en el trabajo. Para ello:

• La información empresarial sobre las categorías salariales desagregada por sexo, especialmente sus componentes variables y complementarios, ha de ser pública, como afirma la Recomendación 2014/124/UE.

Llevar a cabo auditorías salariales en empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, que sean públicas y discutidas en los procesos de negociación colectiva.

Modificar el art. 28 del ET para dotar de mayor detalle y seguridad el alcance efectivo del concepto de “trabajo de igual valor”, regulado a nivel internacional y siguiendo las indicaciones de la Recomendación 2014/124/UE.

9. Luchar contra la temporalidad y la contratación a tiempo parcial cuando estas fórmulas no estén plenamente justificadas. Estudiar el establecimiento de penalizaciones en el impuesto de sociedades para empresas que superen una tasa de temporalidad o de rotación superior a la media del sector.

Asegurar un sistema fiscal que recaude suficiente y de manera progresiva:

1. Aumentar la progresividad del sistema fiscal español, gravando más a quienes más tienen y rompiendo con los privilegios. Las empresas e individuos deben tributar en función de su capacidad y de su actividad económica real. Es vital elevar la presión fiscal, trasladando el esfuerzo fiscal desde el consumo y el trabajo, hacia la acumulación de riqueza y el capital. Para ello hay que:

Reformar el impuesto de sociedades para acercar el tipo efectivo de grandes empresas al tipo nominal que les corresponde.

Revisar de manera exhaustiva y rigurosa todos los incentivos y deducciones.

• Fijar un mínimo estatal coordinado para el impuesto sobre el patrimonio de grandes fortunas que reduzca la concentración de riqueza extrema. Recuperar también, a través de un consenso territorial, el impuesto sobre sucesiones y donaciones para grandes fortunas que contribuya a reducir la perpetuación de la desigualdad intergeneracional.

Reformar la tributación de las rentas de capital y hacerla homogénea y equitativa con el gravamen de las rentas salariales. Es decir, eliminar el actual sistema dual de tratamiento de rentas (trabajo y capital) en el IRPF incrementando de nuevo el número de tramos en la parte alta de la escala de rentas.

2. Luchar efectivamente contra la evasión y elusión fiscal mediante una ley que incluya, entre otras cosas:

• Una lista negra española de paraísos fiscales actualizada, objetiva y ambiciosa, sin interferencias políticas, basada en criterios objetivos que tengan en cuenta más allá de la transparencia, las prácticas nocivas.

Incrementar la transparencia sobre las prácticas empresariales haciendo obligatorio, para todas las grandes empresas de todos los sectores, el publicar el informe país por país (conocido como Country by Country Report62) de carácter público, rebajando el umbral de 750 millones de euros en facturación consolidada como requisito para su aplicación.

Excluir de la contratación pública a grandes empresas que estén radicadas o cuenten con amplia presencia en paraísos fiscales sin actividad económica que lo justifique, favoreciendo a aquellas empresas que presentan un mayor nivel de responsabilidad fiscal.

• En el marco europeo, impulsar sanciones y medidas defensivas adecuadas contra las empresas e individuos que abusan de los paraísos fiscales como las reglas reforzadas sobre las sociedades de control extranjero (CFC rules – Controlled foreign companies en inglés63), activar una legislación contra las prácticas nocivas, un tipo efectivo mínimo contra las pagos de alto riesgo (como royalties e intereses) y contemplar un compromiso de avanzar hacia la armonización de una base imponible consolidada en el impuesto de sociedades (BICIS).

• Asegurar una dotación extraordinaria en recursos económicos y humanos para la Agencia Tributaria, que le garantice la capacidad necesaria para cumplir un mandato claro de atacar las grandes bolsas de fraude y elusión cometidas por grandes empresas y fortunas.

Suprimir la figura jurídica ETVE (Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros), y todos los privilegios fiscales que conllevan y recuperar un mayor control sobre el funcionamiento de las SICAV para evitar el fraude en su utilización.

3. Participar activamente en el diseño y puesta en marcha de una nueva gene ración de reformas del sistema fiscal internacional, que incluya la creación de un cuerpo intergubernamental en materia fiscal, basado en los principios de multilateralidad y de inclusividad, así como en el refuerzo de la cooperación fiscal. Los gobiernos de todo el mundo deben reconocer la necesidad de poner fin a la carrera a la baja y la competencia fiscal como parte de un nuevo consenso internacional.

Incrementar el gasto público que beneficia a la población más vulnerable:

1. Aumentar la inversión pública en salud y en educación garantizando, por ley, llegar a la media europea, e incrementando, especialmente, las partidas que tienen un mayor impacto en la equidad.

2. Equiparar la inversión en protección social a la media europea aumentando, especialmente, los componentes no contributivos y las partidas de lucha contra la exclusión, permitiendo el desarrollo de un sistema de rentas mínimas coordinado, generoso, de amplia cobertura, y compatible con un nivel máximo de ingresos.

3. Incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,4% del PIB para 2020 y la ayuda humanitaria hasta alcanzar los 150 millones de euros en los próximos PGE.

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