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URGE UNA REFORMA PARA EVITAR LA QUIEBRA DE LA SEGURIDAD SOCIAL


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URGE UNA REFORMA PARA EVITAR LA QUIEBRA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Editorial de El Mundo

A pesar de los buenos resultados que registró nuestra economía en 2015, los mejores desde el inicio de la crisis, la Seguridad Social obtuvo los peores datos de su historia.

El año pasado España creció a un ritmo del 3,2% y cerró el ejercicio con 533.186 cotizantes más que el año anterior. Y sin embargo, la Seguridad Social ingresó 9.500 millones menos de los previstos y el déficit de la caja de las pensiones alcanzó casi los 17.000 millones de euros, 3.000 más que en 2014.

La situación está alcanzando niveles insostenibles y el sistema actual, piedra angular de nuestro Estado de bienestar, se muestra ya a todas luces inviable a medio y largo plazo. Nadie duda de la necesidad de una reforma estructural que garantice la viabilidad de la Seguridad Social, pero inexplicablemente no parece existir voluntad política para consensuarla.

Este desfase entre la previsión de ingresos por cotizaciones y lo recaudado realmente (un 8,5% menos) se debe a los efectos no deseados de la reforma laboral. Porque si bien ésta ha sido uno de los principales “logros” de la política económica del Gobierno, ya que ha conseguido aumentar la competitividad de las empresas e iniciar una senda de creación de empleo, ha provocado también una precarización de los nuevos puestos de trabajo.

De esta forma, la elevada reducción de los salarios, la temporalidad de las nuevas contrataciones y la excesiva rotación laboral han disminuido la recaudación por cotizaciones. Si a esta situación le añadimos la inflación negativa y las bonificaciones fiscales para incentivar las contrataciones, utilizadas electoralmente, se entiende bien que se hayan reducido las bases reguladoras y se hayan hundido todas las expectativas de la Seguridad Social de aumentar los ingresos.

La creación de empleo estable y de calidad sigue, por tanto, siendo la asignatura pendiente de nuestra economía. Sólo de esta forma se podrá aumentar el nivel de cobertura socioeconómica, ya que en España hay escasamente 2 trabajadores por cada pensionista, una proporción extremadamente baja y que irá disminuyendo progresivamente.

Hace apenas 10 años, cuando la Seguridad Social tenía superávit, eran 2,5 trabajadores por pensionista, si bien, las cotizaciones que pagaban las empresas y los empleados eran mayores. Además, la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida han provocado que nuestro país presente una de las poblaciones más envejecidas del continente. Si en 1975 había en España 3,5 millones de pensionistas, ahora va camino de tener 10 millones, cuyas pensiones tendrán que pagar los poco más de 17 millones de cotizantes.

Apremia, por tanto, una reforma financiera del sistema que detenga la sangría económica de la caja de las pensiones, de la que se ha gastado desde 2012 aproximadamente la mitad. Aquel año, cuando el PP accedió al Gobierno, el Fondo de Reserva alcanzaba los 66.815 millones de euros. A finales de 2015, quedaban escasamente 32.500 millones, ya que el pasado año, el Ministerio de Trabajo tuvo que utilizar 13.250 millones para abonar las dos pagas extras de los pensionistas.

Es cierto que el Fondo está pensado para hacer frente a situaciones de crisis como la actual, pero dado que los ingresos no aumentan, será necesario reducir las partidas que se financian a su cargo. Tras una modificación legislativa del Gobierno, la Seguridad Social se ha hecho cargo de gastos que no le son propios, como las bonificaciones a la contratación o algunos complementos a las pensiones con un marcado tinte electoral.

Además de poner fin a esta situación, es necesario que el próximo Gobierno explore fuentes de financiación adicionales, como aumentar los incentivos fiscales a quienes suscriban planes privados, entre otras fórmulas.

Pero es absolutamente imprescindible que la Comisión del Pacto de Toledo acuerde una reforma financiera para modificar la forma de revalorización de las pensiones y para reducir las partidas de gasto, que podría pasar por que el Estado asuma, con cargo a sus presupuestos, el pago de las pensiones no contributivas, como pueden ser las de viudedad o de orfandad, para que queden así garantizadas las pensiones de los trabajadores que han estado cotizando durante toda su vida laboral. Reformas, en definitiva, necesarias y urgentes para evitar un colapso financiero de la Seguridad Social y garantizar las pensiones.